En Minnesota, la justicia local ha abierto una investigación que podría llevar a cargos penales contra agentes federales, incluyendo al jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino. La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, reveló en una conferencia de prensa que su oficina analiza 17 casos vinculados a operativos realizados en la zona metropolitana de Minneapolis-St. Paul, donde se registraron presuntas violaciones a los derechos de manifestantes y civiles.
Uno de los incidentes más graves ocurrió el 21 de enero, cuando Bovino habría lanzado una lata de gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes. Otro caso, registrado el 7 de enero, involucra a agentes federales que realizaron un arresto frente a una escuela secundaria, utilizando irritantes químicos en un área donde había estudiantes y personal educativo. Moriarty no dudó en calificar estas acciones como parte de la *Operación Metro Surge*, una estrategia que, según ella, dejó un “daño incalculable” en la comunidad.
“Que no quede duda: no tememos a una batalla legal y estamos comprometidos a hacer justicia”, advirtió la fiscal. Su postura choca frontalmente con la del Departamento de Seguridad Nacional, que en un comunicado emitido la noche del lunes defendió la inmunidad de los agentes federales cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. “Lo que estos estados intentan hacer es ilegal y lo saben”, señaló el texto, argumentando que las leyes estatales no pueden aplicarse a funcionarios que operan bajo autoridad federal.
El organismo también cuestionó las acciones de las autoridades locales, sugiriendo que sus decisiones han puesto en riesgo la seguridad de los agentes. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta a los intentos de contacto con Bovino, quien se convirtió en una figura clave durante las políticas migratorias del gobierno anterior. Bajo su liderazgo, los operativos en la región adoptaron un enfoque particularmente enérgico, con detenciones masivas de personas que documentaban los arrestos o protestaban contra las acciones de las autoridades.
Entre los casos bajo revisión, destacan episodios en los que agentes habrían empleado fuerza excesiva, como el uso injustificado de armas químicas, el derribo violento de personas al suelo e incluso daños a vehículos particulares. Estos hechos podrían configurar delitos como agresión o destrucción de propiedad, según explicaron fuentes cercanas a la investigación.
La tensión entre las autoridades estatales y federales refleja un conflicto más amplio sobre los límites de la jurisdicción local frente a las operaciones migratorias. Mientras la fiscalía de Hennepin insiste en que no permitirá impunidad, el gobierno federal mantiene su postura de que los agentes están protegidos por la ley. Lo que está en juego, más allá de los cargos individuales, es el equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto a los derechos civiles en un contexto de creciente polarización.
