La capital peruana y su vecina provincia del Callao amanecieron bajo un nuevo estado de emergencia, una medida que busca contener la creciente ola de violencia que azota a la región. Esta es la tercera vez en menos de dos semanas que el gobierno recurre a esta herramienta legal, desde que el presidente interino asumió el cargo tras la destitución de su predecesor, envuelto en un escándalo de corrupción que sacudió al país después de apenas cuatro meses en el poder.
Aunque las declaratorias anteriores también buscaban frenar la inseguridad, los resultados han sido limitados. Incluso durante la breve gestión del mandatario destituido, se implementó un estado de emergencia similar en la misma zona, sin que los índices delictivos mostraran una mejora significativa. Las cifras oficiales pintan un panorama preocupante: Perú cerró el año pasado con la tasa más alta de homicidios en los últimos años, alcanzando 10.7 casos por cada 100 mil habitantes, un aumento respecto a los 10.1 registrados en 2024. En Lima y Callao, los números son aún más alarmantes, con tasas de 23.1 y 22.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente, casi el doble del promedio nacional.
La medida, que suspende ciertas garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, permite a las fuerzas de seguridad realizar operativos más agresivos, incluyendo allanamientos sin orden judicial y detenciones preventivas. Sin embargo, críticos señalan que estas acciones, aunque necesarias en el corto plazo, no abordan las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción en las instituciones encargadas de combatir el crimen.
En las calles, la población muestra una mezcla de alivio y escepticismo. Mientras algunos celebran la intervención militar y policial como un paso necesario para recuperar la seguridad, otros temen que la medida solo genere más abusos sin resolver el problema de fondo. “Aquí lo único que cambia es que ahora hay más patrullas, pero los delincuentes siguen actuando igual”, comentó un comerciante del centro de Lima, donde los robos y asaltos son pan de cada día.
La situación en Callao, por su parte, es particularmente crítica. La provincia, que alberga el principal puerto del país, se ha convertido en un foco de narcotráfico y crimen organizado, con bandas que operan con impunidad. Las autoridades han reconocido que la corrupción dentro de la policía y el sistema judicial ha permitido que estos grupos actúen sin mayores consecuencias, lo que dificulta cualquier esfuerzo por restablecer el orden.
Mientras el gobierno insiste en que la emergencia es una medida temporal, analistas advierten que, sin un plan integral que incluya inversión social, reforma policial y judicial, así como políticas de prevención, la violencia seguirá siendo un problema recurrente. La pregunta que queda en el aire es si esta nueva declaratoria logrará lo que las anteriores no pudieron: devolverle la tranquilidad a una ciudad que, en los últimos años, parece haber perdido la batalla contra el crimen.
