La política y empresaria Claudia Sheinbaum Cuevas denunció en un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales que ha sido víctima de una vigilancia constante durante las últimas tres semanas. Según detalló, tanto su domicilio particular como su galería de arte han sido objeto de un monitoreo que, asegura, no tiene justificación alguna. En su declaración, Cuevas expresó su preocupación por lo que considera una persecución orquestada con fines políticos, señalando directamente a dos figuras clave: el diputado Ricardo Monreal y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
Cuevas acusó a ambos de impulsar una campaña para vincularla falsamente con grupos de la delincuencia organizada, utilizando el polémico término de “narcopolítica”. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue enfática al negar cualquier relación con líderes delictivos detenidos recientemente, subrayando que se trata de una estrategia para desprestigiar su imagen y afectar su carrera política. “No tengo ningún vínculo con el crimen organizado, y quienes me conocen saben que mi trayectoria está basada en el servicio público y el arte”, afirmó con firmeza.
El mensaje de Cuevas cobra especial relevancia si se considera su reciente cambio de postura hacia el gobierno federal. Apenas en enero pasado, la política había elogiado públicamente la labor del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, llegando incluso a sugerir que su perfil podría ser idóneo para una candidatura presidencial en el futuro. Este respaldo, sin embargo, parece haber generado tensiones con sectores políticos que ahora, según su versión, buscan desacreditarla.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido a la solicitud de Cuevas para que se le otorgue un esquema de protección oficial. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha emitido ningún comunicado al respecto, dejando en el aire la incertidumbre sobre si la política contará con medidas de seguridad adicionales. Mientras tanto, sus seguidores y aliados han expresado su apoyo en redes sociales, condenando lo que consideran un intento de intimidación.
El caso pone sobre la mesa una vez más los riesgos que enfrentan las figuras públicas en México, especialmente aquellas que, como Cuevas, han ocupado cargos de alto perfil. La denuncia también refleja las profundas divisiones dentro del ámbito político, donde las acusaciones de corrupción o vínculos con el crimen organizado se han convertido en herramientas recurrentes para descalificar a adversarios. Por ahora, la exfuncionaria mantiene un perfil bajo, pero su llamado ha resonado en un contexto donde la seguridad de los actores políticos sigue siendo un tema de debate nacional.
La situación de Cuevas no es aislada. En los últimos años, varios políticos y empresarios han denunciado presiones similares, aunque pocos han logrado que sus casos trasciendan más allá de las redes sociales. La falta de una respuesta institucional a su solicitud de protección podría interpretarse como un síntoma de la complejidad que rodea a estos temas, donde las líneas entre la seguridad personal y los intereses políticos suelen difuminarse. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, y con ella, la pregunta sobre hasta dónde podrían llegar quienes, según Cuevas, buscan silenciarla.
